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Con la intención de dotar de seguridad jurídica a las operaciones que se desarrollen, la Directiva articula un sistema que garantiza el reparto de las tareas de control que corresponden a los Estados, forzando a que cada uno de ellos designe una autoridad que expida el llamado «certificado previo a la operación». Este certificado es el instrumento con el que finaliza cada procedimiento interno en el Estado de origen y, de manera inmediata, deja acceder a la aprobación determinante de la modificación estructural proyectada en el Estado de destino. Por otro lado, cuando la satisfacción de sus derechos esté en juego gracias a la modificación estructural, se reconoce el derecho a conseguir garantías «adecuadas» de la sociedad a todos los acreedores que hayan exhibido su desacuerdo con las garantías brindadas por aquella. No obstante, el ejercicio por el acreedor de ese derecho a conseguir garantías correctas se supedita a que, antes de recurrir al amparo judicial y con el objetivo de desjudicializar dentro de lo posible estas operaciones, asista al Registrador Mercantil con el objetivo de que, a la vista del informe del especialista y con la intermediación de aquel, la sociedad y dichos acreedores puedan llegar a un acuerdo.

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En el supuesto de que las modificaciones estructurales reguladas en el libro primero de este real decreto-ley comporten un cambio en la titularidad de la compañía, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma, serán de aplicación las previsiones recogidas en el producto 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Si la Salón estimara que concurre ciertas causas de inadmisión referidas dictará, en el plazo de tres días, auto declarando la inadmisión y la solidez de la resolución recurrida, con imposición al recurrente de las costas causadas, de haber comparecido en el recurso las partes recurridas, en los términos establecidos en esta ley y sin que quepa recurso contra dicha resolución. El coche de inadmisión comportará, en su caso, la pérdida del depósito constituido, dándose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicación. Una vez pasado el término del emplazamiento, el letrado o letrada de la Administración de Justicia verificará que el recurso de casación se haya interpuesto en tiempo y en forma, introduciendo, en el caso de infracciones procesales, la demanda anterior en la instancia, de haber sido posible, así como la adecuada constitución de los depósitos para recurrir y el cumplimiento, en su caso, de los requisitos del art para clcbículo 449, procediendo en caso contrario a la inadmisión mediante decreto.

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En cambio, si el valor total de los activos del grupo de cobertura fuera inferior al valor total de los pasivos de los bonos garantizados, según con el producto diez.3, el gestor particular solicitará la liquidación del patrimonio separado siguiendo el trámite concursal ordinario, según con lo sosprechado en el artículo 46. En el momento en que el activo físico sea distinto de un bien inmueble, la metodología de opinión deberá efectuarse según las reglas de valoración de general aceptación entre los expertos, que sean correctas para el activo físico de garantía en cuestión. En el momento de la inclusión en el conjunto de cobertura de préstamos asegurados por activos físicos de esta naturaleza, se va a deber seguir a la opinión de exactamente los mismos a través de un informe realizado por un especialista sin dependencia. Todos los activos de cobertura que vayan a complementarse en el grupo de cobertura van a deber ser objeto de valoración en el momento de su inclusión en el grupo de cobertura. Dicha opinión habrá de ser revisada, según las políticas y métodos internos establecidos por la entidad, al menos, con periodicidad de forma anual.